Redacción.
En días pasados el columnista que se ha convertido en el vocero no oficial del Presidente del Tribunal, compartió que éste se encuentra en pleno cabildeo con las diferentes fuerzas del Congreso del Estado para desaparecer el Consejo de la Judicatura, órgano que le resulta incómodo al ilegal titular del Poder Judicial.
La argumentación se basa, entre otras cosas, en que los Consejeros representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo son absolutamente desconocidos para los miembros de los citados Poderes estatales.
El rupestre hilo argumental es absolutamente antidemocrático. Sinceramente no creemos que los integrantes del Poder Legislativo y mucho menos el Ejecutivo, caigan en tan burda maniobra, utilizada únicamente por Raúl Bolaños Cacho en un afán de empoderamiento.
No entiende el señor Presidente del Tribunal que sus títulos de ilegal y espurio no salieron de la nada. El pueblo, que no se equivoca, lo bautizó así por sus maniobras para hacerse de un cargo al que llegó violando la Constitución del Estado, y a pesar de ello, sigue en su banal carrera que no va a llegar a nada: No tiene futuro político, pero no lo entiende, subido como está en el ladrillo que, desde la óptica del poder, lo ha trastornado, mareándolo como marinero novato.
Ya hemos comentado que desde la época de Luis XIV, famoso por ser un monarca absoluto, “El Estado soy yo”, las cosas han cambiado mucho en el mundo: “Los Estados Generales” (Las Asambleas del pueblo) se reunieron en Versalles, el 5 de mayo de 1789, e iniciaría una disputa que terminaría cuando los miembros del Tercer Estado se declararon miembros de la Asamblea Nacional que votaron “La Declaración del Hombre y del Ciudadano”, el 26 de agosto de 1789, que en su artículo III dispone que la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella; el artículo XV establece que la sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración y el XVI establece que una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.
En ese orden de ideas, es evidente que “Don” Raúl Bolaños no acepta que al interior del Tribunal existan mecanismos institucionales que equilibren su desbordado ánimo de un poder absoluto.
En general en nuestro país, muchos “servidores públicos” consideran que el estado es parte de su patrimonio particular. Casos se ven a diario, como el lamentable mandato de Javier Duarte, en Veracruz, o el de Bolaños Cacho en Oaxaca: Ambos titulares de dos poderes del estado: Del ejecutivo el primero, en Veracruz, y del Judicial el segundo, en Oaxaca; sin embargo, hay una línea que los define a ambos: Excesiva ambición por el poder. El Presidente del Tribunal no entiende que los tiempos han cambiado ya y que en el país y en Oaxaca son otras las condiciones: La democratización llegó para quedarse y no es en broma ni una moda pasajera. Los tiempos nacionales han dictado un camino diverso: Incipiente, sí, pero que ya es imposible -afortunadamente- detener.
Obsérvese, por favor, lo dispuesto por la nueva Constitución de la Ciudad de México: Se fortalece el Consejo de la Judicatura en detrimento del poder personal del Presidente del Tribunal: Hay dos figuras claramente separadas. Por un lado el Presidente del Tribunal y por otro, el Presidente del Consejo de la Judicatura. No se reúnen ambas figuras en una misma persona. Esto es así en virtud a la excesiva concentración de facultades que suelen ir asociadas a algunas antidemocráticas presidencias de los tribunales, como en nuestro Estado, puesto que en muchos casos los plenos de esas entelequias responden a otro tipo de intereses y no necesariamente miran por lo que necesita el Poder Judicial, incurriendo a veces en irregularidades manifiestas, como en el caso de la ilegal Presidencia de Raúl Bolaños, en la que, con la mansedumbre propia de un rebaño de borregos, los Magistrados votaron a favor de quién sabían no cumplía los requisitos constitucionales.
En principio, sólo en principio, a reserva de revisar el tema, no señalamos que la votación realizada por los Magistrados les genere a ellos responsabilidad personal, ya que al final, se trata de una votación en el seno de un cuerpo colegiado, pero sin duda eran sabedores que en la designación de Bolaños Cacho no se habían respetado las normas constitucionales: No se necesita ser abogado para darse cuenta de que no se respetó la Constitución del Estado en su designación; muy claro nos queda que los Magistrados que lo votaron sabían bien que se estaba violando la Ley Suprema del Estado.
En cambio, en el Consejo de la Judicatura, los Consejeros se han opuesto sistemáticamente a las descabelladas órdenes de éste anciano caballero. Tal situación sin duda ha molestado a ese homo malus, (ese mal hombre, bad hombre como dijera el Presidente de Estados Unidos) que no acaba de comprender que los tiempos marcan nuevos compases en la administración pública.
Los pesos y contrapesos en la vida cotidiana de las instituciones son vitales para dar fuerza a la democracia. Querer acabar con ellos de un plumazo, equivale a esos sentimientos de la monarquía absoluta, donde la palabra del rey era la ley.
Afortunadamente esos tiempos quedaron atrás, en medio de sangrientas y encarnecidas luchas por la libertad de los pueblos que si bien no empezaron con la Revolución Francesa, si es de las que más significado histórico y social tiene y que fue seguida por todos los movimientos del siglo 19, destacando, en nuestro país, la Independencia Nacional, la Reforma, con Don Benito Juárez a la cabeza y ya en el siglo 20, la Revolución Mexicana.
Este movimiento armado cuyo costo es socialmente asociado a un millón de muertos, cifra que recientemente ha sido puesta en entredicho por Javier Garcidiego, Investigador del Colegio de México, quien cita al profesor Robert Mc Caa, de la Universidad de Minnesota, y la sitúa en dos millones cien mil muertos, contando combatientes, población no combatiente, enfermedades y 200, 000 exiliados, situando el conflicto como el octavo más letal de todas las guerras del mundo en el siglo 20, lo que es mucho aún para los parámetros de lo ocurrido en las dos guerras mundiales, pero que representa no sólo una estadística brutal, sino la cuota de sangre de la que nació el México post revolucionario.
La Revolución Mexicana dio como uno de sus mejores frutos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Constitución nacional se reconoció en Oaxaca hasta el 25 de mayo de 1920, siendo gobernador provisional Jesús Acevedo, que fue posible, en parte por la salida del régimen “soberanista” del estado, encabezado por José Inés Dávila y en el escenario de esos años participó un gobernador que ha sido defenestrado por la historia, Miguel Bolaños Cacho, de quien, en 1915, Darío Atristaín, al escribir sus famosos “Diarios de un Ranchero” señaló que Bolaños Cacho cometía un yerro mayor cada día, explotando escandalosamente la buena fe y el patriotismo de sus gobernados, siendo el timo de la “invasión norteamericana” un rico filón que le produjo mucho dinero. Poco después se firmó un tratado con Los Serranos, lo que le permitió la huida, llevándose lo que quedaba de las arcas estatales y exiliándose en los Estados Unidos, donde murió.
Es en ese contexto histórico que surge la Constitución de Oaxaca del 4 de abril de 1922, siendo promulgada por Manuel García Vigíl, que con sus reformas y adiciones a lo largo de los años ha reflejado los movimientos sociales desde el inicio de la Revolución Mexicana, estando en consonancia con la Constitución Federal.
Esta Constitución estatal, nuestra Constitución, fue escrita, literalmente, con la sangre de nuestro pueblo y en ella se han plasmado Derechos Humanos inalienables y progresivos que solo un aprendiz de tirano, como el otro Bolaños Cacho, ahora aupado en forma ilegal a su presidencia incómoda (ya lo es para la administración pública) pretende derogar, dando marcha atrás al sistema de equilibrios que la misma establece, para evitar los abusos de poder en que tan a gusto se desenvuelven los tiranos.
Estamos seguros que en el Congreso del Estado actuarán con prudencia y sensatez en un tema que resulta trascedente para la vida pública del Poder Judicial: Las instituciones y el máximo ordenamiento estatal no puede ni debe quedar a la voluntad caprichosa de nadie. Todos los argumentos vertidos en torno al “costo económico” del Consejo de la Judicatura no son más que la débil e indefendible tesis que sustentan quienes desean que el “costo que le mengua su poder” no sea dado por el “costo que les ocasiona” la defensa de la ley y de las instituciones, para que no se limite sus ambiciones políticas.
La Constitución estatal no puede quedar sujeta a la voluntad de quienes primero, la han violado, segundo, la desconocen en la práctica, tercero, la pretenden usar como instrumento de control personal, desconociendo no sólo el proceso de formación constitucional, sus costos sociales y económicos y el peso de la historia que está plasmado en cada una de sus letras, de sus sílabas, de sus artículos.
Sin duda alguna la sociedad se aprestará, nuevamente a defender las libertades establecidas en nuestra constitución, en una nueva manifestación pacífica y a través de las herramientas jurídicas. El caso tiene visos que, de concretarse, llegue a las instancias internacionales.
¿De verdad tiene sentido que por satisfacer un capricho del poderoso titular del Poder Judicial, se borre de un plumazo la lucha plasmada en la Constitución para generar un mínimo de condiciones de imparcialidad en el Poder Judicial?
¿Tiene sentido que el Presidente del Tribunal siga tratando de ensuciar a la judicatura? ¿Es lógico que sus argumentos y artimañas graviten en contra de los nuevos escenarios plasmados en nuestra Constitución?
Los límites al poder público son la única garantía de la sociedad en contra de los abusos del poder. Querer romper esos estándares, pretender echar atrás reformas que robustecen la tarea institucional de la delicada función de administrar justicia, el anhelar entrometerse indebidamente en la tarea judicial, rebasa los límites de lo permisible: Las convenciones internacionales, de las que México forma parte y son además parte integrante de nuestra legislación interna, al nivel de la propia Constitución Federal y establecen los lineamientos para dar garantías a los Juzgadores: Lo que se pretende es romper con la imparcialidad de los jueces en la medida en que pueden ser presionados desde dentro, situación que se ha establecido ya en los análisis internacionales, tanto de la ONU, como de los Tribunales Internacionales, resaltando que las peores presiones e intromisiones para con los Jueces son las que se formulan desde adentro de los Poderes Judiciales, como lo pretende hacer Bolaños Cacho.
Bill Clinton decía “Es la economía”, señalando un elemento crucial en su campaña. En el caso de Bolaños Cacho, lo que lo tiene trastornado es el Poder. “¡Es el Poder!” podríamos parafrasearlo, pero no el Poder Judicial, sino el poder abusivo, sin control, ese poder de tipo tiránico, absolutista, retrógrado.
De ser así, volveríamos al régimen del estado soy, del rey sol, de la monarquía absoluta, esta vez disfrazada de tragicomedia en la conducción del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“Tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder y no de trajes ni de aparatos propios sólo para los reyes de teatro”, decía Don Benito Juárez. Nadie encima de la Ley, se ha señalado. En la defensa de la Constitución, todo, a pesar de las andanadas de los tiranos y dictadores del Poder Judicial de Oaxaca.