El pasado miércoles 19 de julio entró en operación, en todo el país, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), integrado por un conjunto de leyes e instituciones encargadas de prevenir y sancionar actos de corrupción de funcionarios públicos de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en sus tres órdenes de gobierno; federal, estatal y municipal.
Con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera amplia y efectiva esta problemática, que corroe la vida nacional, el Estado mexicano erige este sistema que encuentra su razón de ser en el combate a la corrupción, y su función no se reduce al burdo intercambio de favores o de sobornos, pues su catálogo contempla mecanismos de colaboración con el sector privado, la declaración patrimonial, el código de ética, así como reglas de integridad, etc.
Un punto importante que destaca este nuevo modelo es el ejercicio ilícito del servicio público, que lo comete el servidor o servidora públicos que ejerzan las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. En éste supuesto la sanción va desde la destitución, hasta el ejercicio de la acción penal en contra del servidor público que haya cometido el hecho atribuible o lo haya permitido o solapado.
Y en este supuesto se encuentra precisamente el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca; Raúl Bolaños Cacho Guzmán, quien tomó posesión del cargo a mediados del mes de marzo, sin reunir los requisitos legales (de ahí la denominación de espurio con que lo califica la sociedad) y se ostenta como titular del poder judicial local, sin serlo.
El hecho en sí mismo grave, pone en alto riesgo no sólo la credibilidad del Poder Judicial del Estado, sino los equilibrios constitucionales, ya que al devenir en inconstitucional e ilegal la actuación de uno de los tres poderes del estado, se rompe el estado de derecho y las actuaciones de la judicatura local (jueces y magistrados) corren el riesgo de ser declaradas nulas. No hay estado de derecho si el titular de uno de los poderes, el judicial, para ser precisos, accede al cargo omitiendo la ley.
Estamos ante una evidente violación a los principios constitucionales de legalidad, de certeza, de congruencia, de transparencia y de anticorrupción. No es posible aceptar que este personaje, Raúl Bolaños Cacho, rompa el estado de derecho en su afán de buscar posiciones políticas.
Las épocas en las que “El Estado soy yo” (L´État, c´est moi), frase atribuida a Luis XIV de Francia, “El Rey Sol”, ante el Parlament de París, el 13 de abril de 1655, y que a lo largo de la historia ha servido para identificar al rey con el Estado, en el contexto de la monarquía absoluta, ya sabemos cómo terminó: Con el derrocamiento de una de las dinastías más longevas de Europa, descendiente de los Medicis y de los Habsburgos, entre otros.
En ese entramado, teniendo como base actual y objetiva el debilitamiento del Poder Judicial por las acciones inconstitucionales e ilegales que se han cometido ahí desde el asalto del poder, se desenvuelve una historia de corrupción e intrigas que no va a terminar bien. La responsabilidad atribuible a la luz del sistema anticorrupción alcanza no sólo a este personaje, sino a aquéllas acciones que ha cometido desde su ilegal designación; sin embargo, el problema, como iceberg, sólo asoma la punta, porque debajo de la línea de flotación deja oculto un legado podrido.
Jueces, Magistrados, directores, secretarios, actuarios, y en general todo el personal judicial designado a raíz de la ilegal administración del espurio Presidente, son nombramientos nulos y sus actos también lo son, lo que hace que un problema de por sí grave se torne en irresoluble.
Lo preocupante y lamentable es que abogados comienzan a señalar que el origen de la ilegal presidencia del Tribunal permea y contamina las actuaciones judiciales, rompiendo el delicado equilibrio del estado de derecho, de la legalidad y de la constitucionalidad de los actos del Poder Judicial, atentando contra las más elementales normas de la ética y abriendo la puerta hacia la posibilidad de generar mayor corrupción. Si el Presidente es ilegal y espurio, ¿Qué se puede esperar de las actuaciones en los juzgados?
Aquí el tema se complica: Según la legislación nacional anticorrupción, los que sepan que ocurre un acto de corrupción y lo callen, son también objeto de las sanciones establecidas en la ley. Toca al Poder Legislativo, compuesto por los 42 diputados, elevar la voz y manifestar su conformidad o no con el desaseo y desacato a la constitución y a la Ley cometidas en el Poder Judicial. Su silencio evidencia dos cosas: Su complicidad o su falta de interés en la legitimidad del titular del Tribunal Superior de Justicia y por tanto con el equilibrio de poderes y por la vida institucional regidas por la constitución y la ley.
Es el tiempo de que el Gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, tome cartas en este asunto, no sea que esta avalancha de lodo dañe el trabajo y esfuerzo de su gestión. Es momento de que intervenga, o gire instrucciones al Secretario General de Gobierno, exmagistrado y expresidente, para que en una medida sana convoque a los otros dos poderes estatales para buscar una solución a esta convulsionada situación.
Por mandato constitucional y legal, por salud institucional, por la imagen pública de Oaxaca y su gobierno, el “Presidente” del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, debe renunciar al cargo, no es correcto, no es ético, no es congruente con la institución hacedora de justicia y mucho menos con los oaxaqueños, ¡O renuncia o los mecanismos anticorrupción lo obligarán a hacerlo, cesándolo o consignándolo por los delitos en que ha incurrido!.
Renuncie usted, señor Raúl Bolaños Cacho. Renuncie y termine con la pesadilla en que usted, sólo usted, ha metido a Oaxaca y a su gobierno, en particular a los diputados y al Gobernador del Estado.