A tres días del paro de labores en las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, el derecho de la sociedad oaxaqueña al acceso a la justicia se ha visto severamente vulnerado. Con la toma de instalaciones, audiencias en diversas materias, tales como pensiones alimenticias, guardia y custodia, órdenes de aprehensión, entre otras, han tenido que ser reprogramadas y ya ni hablar de aquellas personas provenientes de comunidades lejanas de escasos recursos y de abogados y abogadas que viajaron de otros estados ya que tenían fecha fijada para sus asuntos.
Sería importante señalar, que el Poder Judicial cuenta con 2 mil 508 servidoras y servidores públicos, de los cuales 234 están adheridos al Sindicato de Empleados del Poder Judicial de Oaxaca e Instituciones Conexas, representando solo el 9.3 por ciento de la plantilla laboral, quienes además de contar con buenas prestaciones y sueldos que se ven incrementados año con año, exigen en tiempos de austeridad mejores condiciones sin importar que la prioridad es enfocarse en la labor jurisdiccional y proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.
